Aena se queda sola en la defensa de un proyecto para ganar más tráfico y elevar el techo de viajeros

El Ayuntamiento de Barcelona votó el martes en contra de la ampliación del Josep Tarradellas. "Es antiguo hacer escoger entre economía y ecología", manifestó la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, haciendo referencia a la contaminación asociada al tráfico aéreo. Pese a ello, instó a Aena a mantener igualmente la inversión en Barcelona. "Diremos siempre sí a la inversión, pero no a propuestas del siglo XX que no tienen futuro", apuntó Sanz, de Barcelona en Comú. El PSC, socio de gobierno municipal, sí ve con buenos ojos los planes de Aena, empresa cotizada participada por el Estado que preside el exdiputado socialista Maurici Lucena. "A América, África y Asia no se llega en tren", manifestó la edil socialista Laia Bonet, defendiendo la inversión y la necesidad de no "cortar las alas".

Apenas la semana pasada, el Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas (CDRA) presentó un plan de prioridades para los próximos cuatro años para garantizar la conectividad con 19 grandes hubs mundiales y europeos. Se trataba, se dijo entonces, de encontrar nuevas oportunidades de rutas para Barcelona. La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona forman parte del organismo, junto con Aena y la Cámara de Comercio. Fuentes cercanas al CDRA apuntan que bloquear una ampliación "no tiene por qué limitar la capacidad de ganar nuevas rutas, pero lo hace más difícil". Esas mismas fuentes señalan que "si viene una aerolínea y solicita operar en una franja horaria determinada, en la que ya no hay disponibilidad, pues no vendrá".

En las condiciones actuales, con la operatividad de las tres pistas condicionada para mitigar los ruidos sobre las áreas residenciales cercanas, el aeropuerto tiene el techo de capacidad fijado en los 55 millones de usuarios. En 2019 se acercó a los 53 millones. La pandemia cortó en seco la progresión y Aena calcula que no se recuperará la normalidad del tráfico hasta 2025. Con respecto a las dudas que genera la amortización de una gran obra como sería la ampliación del aeropuerto, desde el CDRA no se duda que "la infraestructura se aprovecharía seguro, cada 15 años se dobla el número de pasajeros de la aviación a nivel mundial".

Miquel Ros es consultor de proyectos relacionados con el turismo y el sector de la aviación y es editor de la web Allplane. "Una vez superemos el bache covid se va a retomar el tráfico aéreo", vaticina. "Sé que hay gente que cree que viajar y moverse es algo malo, pero discrepo -señala-. Es bueno para la economía y da otros beneficios, por eso el aeropuerto tiene la necesidad de acomodar ese crecimiento".

Fomento del Trabajo se ha erigido en altavoz para presionar a las administraciones de cara a asumir la ampliación del aeropuerto de El Prat que plantea Aena, de forma que se pueda ampliar su capacidad hasta los 70 millones de pasajeros anuales. "Ya basta. Sí a la ampliación del aeropuerto del Prat", clamó hace unos días su presidente, Josep Sánchez Llibre, que busca el consenso con otras entidades barcelonesas para defender el proyecto.

Las servidumbres medioambientales, y la sensibilidad de la zona natural de la Ricarda, condicionan la prolongación de las pistas. Aena ofrece compensaciones trasladando la zona natural más al interior, ganando hectáreas verdes, pero la propuesta no convence. Y el tiempo corre. Aena quiere enviar la documentación al Consejo de Ministros en septiembre.

EL NUEVO GOVERN PRIORIZA LA PROTECCIÓN DEL DELTA

El 19 de febrero la Comisión Europea (CE) abrió un procedimiento por lo que considera dejadez ambiental en el delta de Llobregat, donde se ubica el aeropuerto. Bruselas pidió al Gobierno central que explicara qué medidas compensatorias en materia ambiental había tomado tras su ampliación en 2008. A la Generalitat, como la competente para declarar las zonas de protección de aves, Bruselas también le pidió explicaciones. El director de Políticas Ambientales del Govern, Ferran Miralles, explicaba hace dos semanas que en su carta de contestación al requerimiento europeo, la Generalitat ya se había comprometido con la UE a ampliar la zona de protección de aves en el plazo de un año.
La protección del delta lleva meses movilizando un frente común de ecologistas, ayuntamientos y agricultores. Y la Generalitat está tratando de calmar los ánimos. La zona húmeda sigue pendiente desde 1995 de un plan de protección especial que otros parajes como la sierra de Collserola ya tienen. La carta de emplazamiento de la UE ha acelerado el proceso para su aprobación y ahora el Govern lo considera "prioritario". Con todo, el propio Miralles admitía a principios de mayo que las dilaciones en las negociaciones para formar Govern no estaban ayudando, entre otros motivos, porque se estaba pactando [como ha ocurrido finalmente] la creación de una consejería de Acció Climática, lo que supone movimientos de competencias y cargos.
En los acuerdos de Govern hechos públicos el pasado lunes, ERC y Junts se han comprometido a impulsar un "plan de conservación y recuperación" para aumentar su protección.